Análisis de políticas públicas del municipio de Monterrey en materia de prevención del delito, durante los años 2006 al 2012

García Rodríguez, Juan (2017) Análisis de políticas públicas del municipio de Monterrey en materia de prevención del delito, durante los años 2006 al 2012. Doctorado thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León.

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Resumen

PRIMERA: En primera instancia concluyo que el respaldo a las políticas de “mano dura” y la presión a la que se someten a los legisladores, autoridades gubernamentales y a los responsables de administrar la justicia, por la adopción de decisiones cada vez más severas, con independencia de su impacto en los derechos humanos, en parte se originan en el influjo ejercido por este estado emocional fundamentado en el miedo y la reacción ante el riesgo de ser víctimas del despojo. Las consecuencias producidas por la persistencia de estos sentimientos y las acciones que de ellos se derivan, ponen en entredicho elementos fundamentales en el funcionamiento de la democracia y en la preeminencia de los derechos humanos en la convivencia social. De ahí que los municipios, como el de Monterrey, basen su modelo de seguridad pública en la participación plena de las instituciones policiales, estableciendo acciones de prevención basadas en la necesidad de tener elementos de policía, equipamiento de unidades de policía, capacitación y certificación, con algunos esbozos de proximidad social, pero sin desarrollar un modelo policial cercano a la gente, haciendo ver una organización de mano dura y de reacción. SEGUNDA: Contar con políticas públicas en el ámbito municipal, en el marco de las competencias de los gobiernos locales, es un elemento de indiscutible importancia para su fortalecimiento institucional. Definir pautas de acción municipal en relación con las diversas áreas en las cuales debe cumplir con sus funciones el Gobierno local y en correspondencia con las principales demandas del desarrollo territorial le permite asumir una posición de liderazgo, así como de coherencia a su accionar y eleva su capacidad para gestionar los procesos de desarrollo local. Es evidente que en las políticas municipales de seguridad pública y prevención del delito de las administraciones panistas de Monterrey de los trienios 2006-2009 y 2009-2012, carecen de un sentido encaminado a la atención integral de la problemática delictiva, lo que ocasiona que tengan vacíos en sus actividades, limitándose a acciones a un modelo policial carentes de cercanía con la ciudadanía. Otro rubro de relativa atención son los espacios físicos, denominados plazas públicas; este se dirige en sí únicamente al espacio físico, sólo tratando de remodelarlo o crearlo, más el municipio en ningún momento diseña la participación de la comunidad en esos espacios, es decir, crear un vínculo de pertenencia entre el espacio y la persona, definiendo el 174 territorio como área de oportunidad y no considerarlos como vulnerables. No se aprecian estrategias de ese empoderamiento del ciudadano para participar en los dos rubros mencionados. Esto deriva, entre otras cosas, de la carencia de actos de gobernanza que permitan elaborar políticas públicas para la atención de la problemática delictiva de Monterrey, lo que tendría como consecuencia respuestas a las necesidades y demandas específicas existentes en su territorio, complementarias a las políticas federales impulsadas por el Gobierno central. Esta conjunción de esfuerzos e iniciativas muestran la importancia de la complementación de las políticas locales y las políticas nacionales en un campo en el que se requiere de respuestas integrales y una atención coherente y eficiente a las demandas de la población. La convocatoria de actores sociales locales para vincularlos a las iniciativas municipales en este campo, la elaboración de políticas públicas locales de seguridad pública y prevención del delito, así como el impulso de estrategias, planes y proyectos de desarrollo en los cuales se integren los temas del bienestar y la seguridad, es una manera de enfrentar el tema de la creciente violencia social en el marco más amplio de las competencias municipales. TERCERA: En cuanto a la función de los gobiernos municipales en el tema de seguridad pública y por ende en la prevención del delito, es muy incipiente especificación de las funciones que les corresponde desempeñar en los asuntos de la seguridad. Debido a que los gobiernos panistas de Madero y Larrazábal no fortalecen la coordinación de actores para el tema de gobernanza, la responsabilidad se finca en su mayoría en el modelo policial, hacia la reacción y disuasión. La inversión es a corto plazo y consiste primordialmente en equipamientos, incentivos vagos como la capacitación, misma que no es tomada en cuenta para nada, porque ninguna de esas administraciones panistas refiere el tema del servicio civil de carrera policial o alguna promoción de ascensos para motivar e incentivar al personal policial. Este rubro es valioso para el personal de seguridad pública, ya que ayudan a respaldar las funciones y garantías laborales de estas personas en las cuales descansa el modelo de seguridad pública y prevención del delito. En esa intención de seguir con el modelo policial, no se describen acciones donde se hayan elaborado diagnósticos para determinar zonas de alto riesgo a fin de diseñar acciones, al menos, de patrullaje para una atención más inmediata, lo que permitiría focalizar las acciones preventivas de la policía. En este rubro, las administraciones pretenden hacer a un ciudadano 175 inclusivo al levantar bitácoras de supervisión de patrullaje, sin atenderlo y sin incluirlo en planes de atención de sus colonias para la atención de la problemática delictiva Ahora bien, referente al modelo de policía de barrio o cercano a la ciudadanía, éste se convierte en elitista, ya que llega sólo a ciertos ciudadanos llamados “pudientes” u “opulentos” que tienen la oportunidad de incluirse en este modelo por su posición económica. Esto permite que esa proximidad policial se limite a unos cuantos ciudadanos, dejando a la deriva a muchos que esperan la atención municipal de seguridad con una policía con visión de cercanía ciudadana. CUARTA: Referente a la ciudadanía, quienes deben ser considerados actores partícipes e incluyentes en su problemática comunitaria, siendo este espacio fundamental para la creación de lazos con otros actores sociales que podrían apoyarlo en el fortalecimiento de sus habilidades en el entendimiento del fenómeno criminal. Lamentablemente, el acto de participar sigue siendo aún una acción pasiva y de corto plazo. Las acciones a favor de la participación requieren, entonces, ir más allá de la “participación inducida”. Lo anterior de manera tal que la experiencia contribuya a la superación de esquemas meramente reactivos y que abra espacios novedosos en la construcción de un diálogo, sobre el papel de las municipalidades en acciones de prevención. La participación ciudadana en las administraciones municipales estudiadas sólo se traduce en acciones aisladas, en comités ciudadanos que no brindan información de sus acciones, puesto que brilla por su ausencia un modelo de participación comunitaria que fortalezca acciones de personas interesadas en el tema de seguridad pública y de prevención del delito. Además, es necesario cambiar y trasformar el patrón tradicional de participación para ir un paso delante de simples reuniones, ya que en ningún momento el ciudadano participó en su comunidad, por ejemplo, con diseños de riesgo, actividad que está al alcance de ellos, siempre y cuando tengan las habilidades para hacerlo, situación que con otros actores sociales es posible, ya que existen instituciones, como es el caso de Cemex, que trabajan empoderando ciudadanos para una mejor integración social en su comunidad. ¡Qué decir de los llamados consejos ciudadanos, una figura que no ha dado muestras de una participación proactiva a favor de quienes “supuestamente” representa! En ninguno de los 176 informes de Gobierno de las administraciones municipales panistas mencionan actividades en pro de la seguridad pública, y mucho menos de la ciudadanía, situación lamentable por no hacerse presente con un rol actoral que los asocie con las acciones gubernamentales que fortalezcan la gobernanza a favor de Monterrey. QUINTA: Los gobiernos municipales de Monterrey de las administraciones 2006-2009 y 2009- 2012, no fortalecieron en ningún momento sus áreas de prevención del delito; aun y cuando las labores preventivas son claves en cualquier estrategia de seguridad pública, no aparecen como tal en ninguno de sus actividades, lo que provoca la carencia de modelos de prevención que permitan diseñar un plan municipal como parte de una política pública. Además esta área podría aplicar las metodologías necesarias para entender el fenómeno criminal, mediante diagnósticos que definan cuál es la realidad delictiva en un espacio determinado como lo es el municipio, lo que podrá generar, de una vez por todas, una panorámica que podrá ser focalizada a fin de articular acciones, tareas y sobre todo programas que definan indicadores, con los cuales dar seguimiento a todo lo que se haga en prevención, determinando con esto la funcionalidad de los programas preventivos. Es urgente determinar cuáles son las manifestaciones delictivas que se generan en un municipio, esto será el inicio para enfocar una variedad de acciones traducidas en la participación de todos los actores posibles de manera ordenada en una auténtica política pública de prevención, de la cual derive un plan municipal de prevención que permita el desarrollo, entre otras cosas, de un modelo de interprevención que permita la atención científica del fenómeno criminal y, en consecuencia, desarrollar actividades de gobernanza. Es necesario dejar a un lado la política de mano dura, también aquellas que se fundamentan en el etiquetamiento de espacios y de personas, donde el municipio pareciera buscar fundamentar su actuar con el encarcelamiento de personas. En suma, una política de seguridad y prevención no será sostenible si no va ligada a un esfuerzo de los diferentes gobiernos por diseñar y ejecutar políticas sociales de carácter universal en el campo socioeconómico; sin embargo, al mismo tiempo, no es válida una excusa que sostenga que, mientras no se resuelvan los problemas estructurales de la pobreza y la desigualdad, no hay nada que hacer para revertir el clima de inseguridad.

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